Ponen en riesgo la producción minera argentina e inversiones por US$ 20.000 millones

Los actuales proyectos de Ley de Humedales carecen de visión federal y ponen en riesgo la producción minera argentina y las inversiones previstas por US$ 20.000 millones, expresó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) a través de un comunicado.
“Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados.
Rechazamos toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la
producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional.
Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera.

Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades. Y no sólo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento.
La autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los Proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente.

Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras) avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental.
Rechazamos los proyectos porque atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social.

El sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales.
La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000.000.000 al año. Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Tomando los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por US$ 12.000.000.000 (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por US$ 20.000.000.000. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras.
Es importante destacar que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24585). La legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente donde estén instalados.

Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y
gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono”.

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