España está en crisis por falta de dirección
España está en crisis por falta de dirección y cuando la política pierde el rumbo, lo que queda no es sólo un vacío, es un deterioro lento, constante, casi imperceptible al inicio pero devastador con el tiempo.
Escribe Eduardo Reina*
España en pausa: cuando gobernar se reduce a resistir
España no está en crisis por falta de recursos. Está en crisis por falta de dirección. Y cuando la política pierde el rumbo, lo que queda no es sólo un vacío, es un deterioro lento, constante, casi imperceptible al inicio pero devastador con el tiempo.
El gobierno de Pedro Sánchez atraviesa uno de sus momentos más frágiles. No por una derrota electoral, sino por algo más profundo: la incapacidad de gobernar con normalidad.
España lleva años funcionando sin Presupuestos Generales del Estado, prorrogando los anteriores desde 2023, una anomalía que en cualquier democracia sólida encendería todas las alarmas. Gobernar sin presupuesto no es administrar, es sobrevivir.
A eso se suma una aritmética parlamentaria que ya no es sólo precaria: es condicionante. Siete votos, los de Junts per Catalunya, no sólo sostienen al Ejecutivo: lo condicionan, lo moldean, lo inmovilizan.
Aquí ya no hay ingenuidad posible. Junts no es un actor pasivo ni un socio circunstancial, es un partícipe necesario del actual esquema de poder.
Porque cada concesión tiene un precio. Y cada votación clave deja en evidencia que la gobernabilidad de España no se decide en un proyecto común, sino en una negociación permanente con intereses que no siempre coinciden con el conjunto del país.
Junts juega su propio partido -territorial, identitario, estratégico- y lo hace con una ventaja: sabe que sin sus votos, el gobierno cae.
Eso no es política de alianzas. Es política de dependencia. Y cuando un gobierno depende, deja de liderar y de gobernar.
Pero a este cuadro de fragilidad política se le suma ahora algo más explosivo, la sospecha convertida en relato judicial.
En el juicio por el denominado “caso mascarillas”, el empresario Víctor de Aldama no sólo describió un supuesto mecanismo irregular de financiación, sino que fue más allá: situó a Pedro Sánchez como “el 1 de la organización”, a José Luis Ábalos como “el 2”, a Koldo García como “el 3” y a sí mismo como “el 4”.
Una afirmación de enorme gravedad que, más allá de su veracidad final, que deberá determinar la justicia, ya genera un daño político evidente.
El trasfondo económico del caso es contundente: se investigan contratos públicos de material sanitario por varios millones de euros durante la pandemia, con adjudicaciones que rondarían los 20 millones de euros.
Sobre esos contratos, pesan sospechas de comisiones y sobrecostos millonarios, con desvíos también estimados en muchos millones.
A eso se suma otro elemento aún más delicado: presuntos pagos en efectivo de empresas constructoras para financiación política, difíciles de cuantificar porque, según las propias declaraciones, no se facturaban ni se registraban.
El propio relato deja frases que ya forman parte del clima de época: “¿Cómo se factura esto?”
“No se puede facturar.” No es sólo una anécdota. Es una forma de operar. Es la línea que separa la política institucional de la política clandestina.
Mientras tanto, la realidad no espera.
España sigue teniendo una de las tasas de desempleo más altas de Europa.
Los últimos datos lo reflejan con crudeza: el paro subió en 231.500 personas, alcanzando un total de 2.708.600 desempleados.
La tasa de paro se ubicó en el 10,83%, lo que implica una suba de 0,90 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.
Es cierto: en términos desestacionalizados descendió un 0,40%, y en los últimos 12 meses se redujo en 80.600 personas.
Pero ese dato técnico no logra tapar la sensación dominante: el mercado laboral sigue siendo frágil, volátil y profundamente desigual.
Detrás del número hay precarización. Tener empleo ya no garantiza dignidad, sino apenas supervivencia.
Así, el Día del Trabajo se transforma en una paradoja, se celebrará el trabajo… en un país donde cada vez cuesta más que ese trabajo alcance para vivir.
El acceso a la vivienda es otro síntoma del mismo problema. Alquileres disparados, salarios que no acompañan y una generación joven que ya no proyecta su vida dentro del país.
No es sólo un fenómeno económico: es un quiebre social. Cuando los jóvenes se van, no sólo se pierde talento; se pierde futuro.
El gobierno parece apostar a una carta conocida: el turismo. España sigue siendo una potencia global en el sector, y en tiempos de incertidumbre internacional, conflictos, tensiones geopolíticas, el país se presenta como destino atractivo. Típica estrategia de corto plazo poco novedosa.
Sin inversión en infraestructuras, seguridad y transporte, ese mismo motor puede empezar a fallar.
El turismo no reemplaza a una economía sólida. La complementa. España corre el riesgo de apoyarse demasiado en una sola columna.
Este desgaste político ya no es sólo percepción. Empieza a tener nombre, apellido y sede judicial.
Y en ese contexto, la responsabilidad también es compartida.
Porque sostener un gobierno debilitado, condicionado y atravesado por sospechas, no es neutral.
Quienes lo mantienen en pie -como Junts per Catalunya- no pueden presentarse como espectadores.
Son actores centrales de este equilibrio frágil, de esta gobernabilidad forzada, de este poder sostenido con alfileres.
No se trata de ideología. Se trata de resultados. Y de responsabilidad.
Cuando un país empieza a normalizar la excepcionalidad, depender de alianzas inestables, convivir con altos niveles de desempleo estructural y ver cómo las acusaciones más graves se dirimen en tribunales, deja de avanzar y empieza a estancarse.
Sabemos que el estancamiento, en política y en economía, nunca es neutral: siempre termina retrocediendo.
España no está rota. Pero está peligrosamente cerca de acostumbrarse a funcionar mal.
*Consultor Estratégico. Analista político. Experto en Imagen Pública.
