Moody’s prevé mayor riesgo de intervención gubernamental en el sector energético
En América Latina, Moody’s prevé mayor riesgo de intervención gubernamental en el sector energético argentino.
Moody’s Investors Service publicó hoy un informe que analiza el incremento del riesgo de intervención gubernamental en el marco regulatorio del sector energético latinoamericano (generación no regulada, transmisión regulada y distribución regulada).
De acuerdo con el análisis, la suba en los precios de los combustibles ha derivado en un alza de los costos de energía, lo que que resulta políticamente difícil de manejar para los gobiernos en toda la región. Desde la visión de Moody’s, la estabilidad regulatoria será clave a medida que se invierte en generación de infraestructura de servicios públicos y energía.
En un enfoque por país, Moody’s señaló que en Argentina el riesgo en los tres sectores de energía antes mencionados es el más alto de la región, con precios de energía subsidiados completamente desacoplados del costo de la generación eléctrica.
Más aún, el riesgo más serio para este país tiene que ver con la incesante inflación y la escasez de fondos gubernamentales para hacer frente a los crecientes subsidios a la energía.
Tanto en Colombia como en México, los gobiernos han demostrado mayor interés en intervenir en asuntos regulatorios.
Respecto a Brasil, a pesar de que el país ha hecho esfuerzos significativos por modernizar su mercado eléctrico, las señales de intervención aumentan al acercarse una renovación de diferentes concesiones en el sector en 2025, además de que un mercado en crecimiento pondrá a prueba el marco regulatorio actual.
Chile ha tenido durante mucho tiempo un régimen regulatorio en evolución que en general ha beneficiado a sus empresas eléctricas; la condiciones del mercado representan el mayor riesgo para el sector en el país.
En Perú, aún con condiciones sociales volátiles, el marco regulatorio se ha mantenido estable, en parte gracias a las abundantes reservas de gas natural.
- Argentina
Entre las principales economías de América Latina, el régimen regulatorio de Argentina presenta el mayor riesgo para los tres segmentos de su industria de electricidad.
Para la generación de energía en particular, Argentina ha invertido su otrora competitivo mercado con precios de energía establecidos a través de un orden de mérito de los costos marginales más bajos.
En cambio, ahora, Argentina se ha movido hacia altos niveles de intervención, con regulaciones y otros autoridades gubernamentales que establecen un sistema de precios de energía subsidiada completamente desconectado del costo real de generación.
“Pero hoy, el mayor riesgo para el sector eléctrico argentino proviene de la inflación implacable y las finanzas ajustadas del gobierno para igualar los crecientes subsidios a la energía”, advirtió Moody’s.
Sólo los programas específicos que establecen precios de energía diferenciales para los productores de energía bajo contratos de PPA a largo plazo han llevado a la inversión para ampliar la capacidad de generación.
El programa RenovAr del gobierno que apoya la energía renovable, por ejemplo, ha permitido que la construcción de unos 4,5 gigavatios de capacidad renovable.
Pero el sector enfrenta riesgos sistémicos porque los pagos bajo esos PPA dependen de los subsidios del gobierno, ya que los costos de energía no se pueden trasladar a los consumidores.
De hecho, el número de días pagaderos desde CAMMESA, el operador del mercado mayorista de energía de Argentina, alcanzó demoras de hasta el máximo de un año, a principios de 2023, exprimiendo capital de trabajo para la compañías eléctricas.
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