Argentina disolverá la Administración General de Puertos
Argentina disolverá la Administración General de Puertos.
El Gobierno del presidente Javier Milei está decidido a reorganizar, de acuerdo a sus intereses, la administración de los puertos y vías navegables argentinas.
La Administración General de Puertos (AGP), es una sociedad estatal que tiene como objeto la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, la de la hidrovía que corre por el río Paraná.
El Gobierno del Presidente Milei ya elaboró un proyecto de decreto que dispone la disolución y posterior liquidación de la Administración General de Puertos (AGP).
Esa iniciativa incluye eliminar la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a cargo, aún, de Iñaki Arreseygor.
En su lugar se dispone a crear un ente autárquico que dependerá del Ministerio de Economía en manos de Luis “Toto” Caputo.
Con este Proyecto de Decreto fechado el 23 de diciembre, el Gobierno espera modificar los organismos involucrados en la administración de puertos y vías navegables.
La medida contempla la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) como ente autárquico dentro del ámbito del Ministerio de Economía, con el objetivo de centralizar las funciones portuarias y optimizar recursos.
- Argentina disolverá la Administración General de Puertos
Entre los puntos destacados, el decreto dispondrá la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, así como de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU), la que también liquidarán.
Este movimiento tiene como argumento mejorar la eficiencia de la gestión pública en el ámbito portuario.
La ANPYN dependerá del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, asumirá las responsabilidades y competencias de los organismos disueltos, incluyendo la regulación, control y desarrollo de los puertos y vías navegables.
Además, se le otorgarán amplias facultades para coordinar inversiones públicas y privadas, fomentar la modernización del sistema logístico y reducir costos vinculados al comercio exterior.
La decisión implicará la pérdida de puestos de trabajo, ya amenazados durante el macrismo.
Además el decreto incluirá otros aspectos relativos a problemas profundos como la licitación de la estratégica Hidrovía Paraná-Paraguay y el futuro control de la Vía Navegable Troncal (VNT), que se extiende por 1.477 kilómetros de navegación fluvial
El decreto está listo para su firma en los próximos días y la medida entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2025.
- Exportaciones argentinas
En los puertos establecidos sobre la hidrovía se embarca el 90% de la soja qué exporta la Argentina y prácticamente 100% de los concentrados mineros de las provincias de noroeste del país.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la vía de salida al exterior de parte fundamental de las commodities de origen agrícola de Bolivia, Paraguay y algo del sur de Brasil.
También la Hidrovía permite la salida de gran parte de las exportaciones mineras argentinas.
La decisión y la oportunidad del fin de la AGP es especialmente sensible ya que se encuentra en pleno proceso de licitación el dragado de la vía navegable del río Paraná, por donde sale al exterior el 80% de las exportaciones argentinas.
- La Hidrovía es un negocio en disputa internacional
Por esta razón, las principales empresas de dragado del mundo han llegado a la Argentina a desplegar su lobby y sus alianzas para competir por el control de un negocio de por lo menos US$ 9.000 millones anuales.
Esta decisión afectará los intereses de empresas como Jan De Nul y Romero, la que se sospecha eran depositarias de la confianza de la cúpula de la AGP y que el manejo de la empresa estaba delegado en funcionarios históricamente vinculados al anterior gobierno.
La AGP que pretende cerrar Milei deja una deuda de 72 millones de dólares con la compañía belga Jan de Nul por servicios de dragado.
Ese monto es muy cuestionado por el precio de metro cúbico pero según la nueva decisión debería ser pagado por quien gane la licitación de la Hidrovía.
Es decir, el nuevo concesionario tendrá que abonar lo que no canceló la AGP de la gestión anterior, que manejó con puño firme José Beni, un personaje proveniente del Instituto Patria que es el Think Tank del kirchnerismo.
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