El litio es otro foco de la violencia en Jujuy

El litio, el dominio originario de los recursos naturales y el destino de las tierras fiscales son los ejes de la protesta política contra el gobierno de Gerardo Morales en esa provincia del NorOeste Argentino. El antecedente de la toma de edificios públicos en Chubut.

Los manifestantes de izquierda, organizaciones sindicales, sociales y referentes de la Tupac Amaru de la recluída Milagro Sala protagonizaron graves hechos violentos contra las fuerzas del orden en San Salvador de Jujuy al intentar ingresar a la Legislatura mientras se trataba la reforma Constitucional para impedir su sanción.

Si bien la Constitución reformada impulsada por el gobernador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, recibió cuestionamientos de parte de referentes de los pueblos originarios sobre dos artículos que fueron retirados de la consideración de los Constituyentes, los incidentes violentos en las afueras de la Legislatura fueron in crescendo trayendo a la memoria lo sucedido en la provincia patagónica de Chubut en diciembre de 2021.

Tras días de protestas, el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, debió enviar a la Legislatura provincial la derogación de una ley minera que el mismo cuerpo legislativo había aprobado cinco días antes.

Durante esas tensas jornadas se produjeron hechos vandálicos contra las sedes de las instituciones republicanas en la capital provincial que incluyeron la toma y quema de la casa de gobierno en Rawson y el incendio de la redacción del diario El Chubut.

Hubo choques entre ambientalistas y efectivos policiales, balas de goma y heridos. Pero, finalmente, el lobby anti minero se impuso en esa zona de la Patagonia. Este hecho guarda similitud con la fiebre que despertó el denominado “oro blanco”: el litio.

La reforma constitucional en Jujuy es más amplia e incluye cambios en la Justicia y parece recortar el derecho a la protesta indicando penalidades para aquellos que bloqueen rutas y calles en la provincia del norte, pero también existen otros puntos de la actualizada Carta Magna que podrían explicar la explosión de violencia política.

Al referirse al “dominio originario de los recursos naturales”, en la reformada Constitución se “ratifica el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio”.

Además, “asegura la protección de los recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia indebida de la Nación, o de otras provincias”.

Acerca de este punto vale la pena recordar las palabras de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su reciente discurso del 25 de mayo, donde aludía al recurso del litio, fundamental en la transición energética en la que se han embarcado las potencias industrializadas en este nuevo siglo y en medio de la cuarta revolución industrial.

“Debemos tener una mirada estratégica para que vengan a explotarlo. No digo que los autos los hagan acá. Eléctricos, pero por lo menos una parte de la batería, hacela acá”, exigió Cristina Fernández, la actual vicepresidente de la Nación.

Luego, rodeado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, apuntó contra los que celebran lo que consideran “restricciones” a las normativas impulsadas en Chile y Bolivia para que empresas privadas puedan acceder a la explotación de ese mineral.

“Cuando escucho a algunos dirigentes, a los cuales respeto porque son dirigentes votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia han sacado, y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio, porque dicen, ‘bueno, como les tienen muchas exigencias allá, van a venir acá’”, apuntó y fue contundente al decir “qué vocación de colonia hermano, qué vocación de volver a ser Potosí”.

Sin embargo, en el quinto piso del Palacio de Hacienda los asesores del ministro de Economía explicaron a este medio que “no es aconsejable cambiar las reglas del juego del sector minero y del litio que necesitan empresas que realicen grandes inversiones por largo tiempo y cuyos accionistas suelen mirar más los cambios en las regulaciones antes que el valor de los dólares alternativos”.

“Sino fíjate lo que pasa en Chile con la reforma propuesta por Gabriel Boric. Hay empresas que ya están hablando con los gobiernos provinciales para irse de Chile y trabajar en Argentina”, agregaron los funcionarios.

Chile mantiene su posición de vanguardia latinoamericana en la extracción y producción de litio, y la Argentina ha comenzado a posicionarse como un productor de notable importancia con interesantes proyecciones para el futuro.

Mientras que Chile exportó carbonato de litio por 8.093 millones de dólares en 2022, la Argentina vendió al mundo por 696 millones de dólares. Pero proyecciones de analistas privados expresan que hacia el 2030 y sin políticas regulatorias heterodoxas en el horizonte, el país superará a Chile en ventas al exterior gracias al auge de la industria automotriz.

Se ha tomado como un indicio de certeza de estas proyecciones, la reciente decisión de las empresas estadounidense, Livent, y de la australiana, Allkem, para avanzar en una fusión entre iguales que permitirá la creación de una nueva compañía, líder en la industria del litio, con una valuación de 10.600 millones de dólares.

La potestad del estado provincial para manejar estas futuras inversiones y rentas son fundamentales para comprender el caldo de cultivo de la violencia desatada en las últimas horas.

Otro de los puntos que mas malestar a causado entre los violentos manifestantes fueron las definiciones acerca de las tierras fiscales y su destino.

La nueva Constitución deja asentado en su artículo 74 que “la tierra es un bien de trabajo y de producción”. Y, en el inciso segundo de ese artículo, se puntualiza que “la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia”.

El planteo de las comunidades indígenas, que vienen protagonizando  protestas desde el fin de semana pasado, es que consideran muchas tierras fiscales como territorios propios no reconocidos como tales.

A diferencia de la reforma minera de Arcioni en Chubut, la reforma constitucional de Morales en Jujuy, parece que será sostenida según se desprende de sus recientes declaraciones periodísticas.

“No vamos a volver atrás”, afirmó Gerardo Morales mientras en las calles se producían enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías.

*Periodista argentino, columnista de Noticias Argentinas y de I-Profesional

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