El campo dice que “no hace falta otra ley de política ambiental”
Las cuatro entidades más representativas del campo expresaron su rechazo al proyecto oficialista de ley de humedales enfatizando que “no hace falta otra ley de política ambiental”.
La Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria Argentina emitieron un comunicado afirmando que esta iniciativa “traerá un aumento de la pobreza y la indigencia”.
“En el marco de la participación de distintos sectores en el debate realizado ayer en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, las entidades que conformamos la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias queremos manifestar nuestra preocupación generalizada por el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales que no solo atenta contra nuestra actividad, sino también pone el riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía” expresó el comunicado..
“Los productores agropecuarios defendemos los recursos naturales, los cuidamos porque son la herencia de nuestras generaciones, somos los que garantizamos la salud del suelo y del ambiente y conocemos las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer”, sostuvo la Mesa de Enlace.
“Atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y la indigencia”.
“La ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa”.
“Necesitamos que se hagan cumplir las leyes que tenemos para proteger los recursos naturales, la población rural y la producción. Que los recursos humanos y económicos sean puestos en favor del ambiente. Que los funcionarios cumplan con su deber. La inoperancia y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos dejan al desnudo el fracaso de la política ambiental argentina y los tremendos problemas derivados de las fallas de contralor de quienes ejercen funciones en el Estado”.
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