Mejor no apartarse demasiado de las metas de setiembre

Escribe Jorge Vasconcelos*

Con reservas netas en el Banco Central que apenas si cubren una semana de importaciones y DEG (la moneda del FMI) que alcanzan para pagar compromisos con el organismo hasta principios de octubre, existe poco margen de error para el propósito de la conducción económica de acercarse a las metas de fin de setiembre, comprometidas en el acuerdo con el FMI.

Dado que se intenta evitar el salto devaluatorio como mecanismo para recuperar reservas, el gobierno apunta a “sobreactuar” los esfuerzos destinados a enderezar el rumbo fiscal, tras un primer semestre en el que el déficit primario del sector público llegó a alejarse, en proyección anual, hasta 1,2 puntos porcentuales del objetivo de 2,5 % del PIB para 2022.
En el apuro, las partidas presupuestarias que se recortan son las subejecutadas, y afectan áreas como educación y vivienda. La calidad del ajuste fiscal no es algo que esté en el radar, ya que subsiste la superposición de gastos entre distintas jurisdicciones, “la política” mantiene sus privilegios y los subsidios económicos apuntan a permanecer por arriba de los 15.000 millones de dólares de cara a 2023.

El gobierno se resiste a admitir el evidente atraso del tipo de cambio oficial con el
argumento que, después del invierno, la caída de las importaciones energéticas
devolverá superávit a las cuentas externas. Sin embargo, los términos de intercambio,
que realizaron un generoso aporte a la actividad económica y a la balanza comercial en
el primer semestre, ahora se están trastocando: en julio los precios de exportación
subieron 13,4 % interanual, la mitad de la variación de los precios de importación
(27,8%).
El inoportuno “viento de frente” que empiezan a aportar los términos del intercambio,
no hace más que dejar expuestas las inconsistencias de la macroeconomía.
Si la balanza comercial se tornó negativa en las dos últimas mediciones mensuales, un
factor explicativo insoslayable es la expansión insustentable que registró el gasto primario del sector público nacional: medido al tipo de cambio oficial, pasó de 42.000
millones de dólares en el primer semestre de 2021 a 60.000 millones en 2022, un salto
de 42,8 % en moneda dura. Este fenómeno acentuó los desequilibrios de la economía,
impactó al alza la tasa de inflación por su financiamiento espurio y redujo el superávit
de la balanza comercial, pese al precio de las commodities.

La presión expansiva del gasto público, junto a una política monetaria que fue bastante
relajada hasta hace pocas semanas atrás, se dio en el contexto de crecientes
dificultades de la oferta para seguirle el paso a la demanda, por falta de insumos,
restricciones energéticas y demás.

De allí que no haya que extrañarse que las importaciones hayan aumentado un 18,6 % interanual en volumen en el período enero-julio, con exportaciones que en unidades físicas sólo se incrementaron 1,1 % interanual. No se trata sólo del impacto del precio de la energía sobre las importaciones. El fenómeno es mucho más general, como lo ilustra el índice Big Mac corregido por productividad, que marca una paridad de equilibrio en torno a los 174 pesos por dólar, en lugar de 140, de acuerdo a lo estimado por Gustavo Reyes, economista de IERAL.
De acuerdo a lo firmado con el FMI, la meta menos accesible de fin de setiembre es la
referida a la acumulación de reservas netas, prevista en 4,1 mil millones de dólares.
Hasta ahora, la mirada de Washington ha sido contemplativa, pero no conviene
perforar ciertos límites. De aquí a fin de año se acumulan vencimientos con el
organismo internacional por 8,2 mil millones de dólares y, para no caer en default, la
Argentina necesita asegurarse los desembolsos del tercer y cuarto trimestre, que
sumarían 9,7 mil millones de dólares si se cumplen las metas.

El gobierno presume que tendrá que sobreactuar el frente fiscal para acceder a algún
tipo de dispensa, en caso que no se acumulen suficientes reservas.
En este sentido, se dispuso un recorte presupuestario de 128 mil millones de pesos,
concentrado en partidas del PROCREAR (50 mil millones), transferencias a provincias y
municipios (49 mil millones) y educación. Para converger a un déficit primario del
orden de los 2,0 millones de millones de pesos a fin de año, posiblemente se necesiten ajustes adicionales por unos 100 mil millones.

Entre lo anunciado y lo pendiente, estaríamos hablando de un recorte de gasto del orden de los 0,7 puntos del PIB en términos anualizados, neto de las mayores erogaciones en jubilaciones que se financian con suba de presión impositiva (adelanto de Ganancias). Es un ajuste que no habrá de pasar inadvertido, siendo que la aceleración de la tasa de inflación hasta el 90 % hacia fin de año forma parte de este combo, licuando gastos estatales.
El ajuste fiscal está llegando también al conjunto de empresas distribuidoras de
electricidad, que se financian acumulando deudas con Cammesa que, a su vez, para
pagarle a los generadores termina recurriendo al Tesoro. El monto de las cuentas por
cobrar alcanzaría al equivalente a 3,3 mil millones de dólares y el abanico de deudores
incluye distribuidoras privadas, de distintos estados provinciales y cooperativas.
Interesa ver de qué lado se ponen los gobernadores en esta pulseada, a través de los
entes reguladores respectivos. Hay indicios, caso de la Provincia de Buenos Aires, de
muy poca predisposición para ponerse al día con Cammesa.
En lo que hace al frente externo, el régimen especial para el complejo sojero vence
este 31 de agosto y todo indica que se habrán de mejorar los incentivos a los
chacareros, llevando esa paridad a un valor cercano a 200 pesos por dólar, buscando
obtener resultados palpables.

Algunos mecanismos para aproximar ese valor entran en colisión con contratos de futuro, otros generan compensaciones por el costado, hay que ver por cuál se inclina el gobierno. Lo cierto es que, en los últimos 60 días, por las expectativas de devaluación, se han volcado al mercado unos 2,5 mil millones de dólares menos que lo esperable por estacionalidad. Si las medidas por anunciar dan en la tecla y los productores normalizan la oferta, una fracción de esas operaciones “pendientes” se anotarían en las próximas semanas, junto con las del ciclo habitual, que para setiembre pueden estimarse en otros 2,5 mil millones de dólares.
Por otra parte, si el gobierno decide avanzar con el desdoblamiento cambiario, la
operatoria de tarjetas de crédito y venta de pasajes, que depara un rojo de 600
millones de dólares/mes, es la primera en la lista, aunque es cierto que habría una
merma en la recaudación por “impuesto país” y quizá algunas complicaciones legales.
No hay alquimias milagrosas, y las medidas cambiarias deberán ser filtradas por la
ventanilla fiscal (cuidar la recaudación) y la monetaria (su impacto sobre la emisión de
pesos). Tampoco podrán evitarse efectos colaterales, caso de una aceleración de la
“inflación en dólares” si más bienes y/o servicios pasan a referenciarse al dólar libre
por falta de acceso al mercado oficial. La actividad económica también puede
resentirse, si es que subsiste la falta de insumos importados. Cuidado, porque en julio
las importaciones de bienes intermedios cayeron 10,0 % interanual!

*Economista de la Fundación Mediterránea