El pacto Kirchner-Verbitksy degradó la jerarquía de la Justicia argentina
El pacto Kirchner-Verbitksy degradó la jerarquía de la Justicia argentina en la primera década de este siglo y aún se reflejan sus efectos.
Escriben Alberto Solanet y Juan Antonio Vergara del Carril*
EL PACTO, ORIGEN CERCANO DE LA DEMOLICIÓN DE LA JUSTICIA
La causa más cercana y devastadora del cómo y el por qué la degradación del Poder Judicial llegó a límites de
insospechada y vergonzosa magnitud, reside en la alianza espuria entre corrupción e ideología.
Esta Asociación publicó “El Pacto Kirchner-Verbitksy” (se puede consultar en internet), donde se describe el acuerdo entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky y organizaciones autodenominadas de DDHH, con el fin de someter al Poder Judicial para sus envilecidos fines.
Habiendo asumido la presidencia con el 22% de los votos, y necesitado de construir su poder, acordó con Verbitsky -ex Montonero, entonces integrante del CELS y director de “Página 12”-, respaldo político y silencio ante los hechos de corrupción a cambio del manejo de una nueva política de derechos humanos y la reapertura de los juicios sólo contra los militares por los enfrentamientos armados de los años 70.
Kirchner, hábilmente, señaló que para ello era necesario controlar y someter al Poder Judicial.
Para la reapertura de las causas se encontraban con dos impedimentos: las causas estaban prescriptas y la Corte
Suprema había declarado la validez constitucional, reiteradas veces, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final así como de los indultos.
El plan comenzó con el juicio político a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia para asegurar una nueva
mayoría que pusiera en marcha el proyecto.
Continuó con el ataque a la Cámara Federal de Casación Penal y la conversión del Consejo de la Magistratura en herramienta de disciplinamiento de los jueces y siguió con el copamiento del Ministerio Público Fiscal por parte del CELS y Justicia Legítima, mediante concursos fraudulentos, para designar o ascender militantes, que hoy continúan en funciones, en puestos claves para asegurar el plan de impunidad y de persecución.
Con la nueva mayoría, la Corte dictó de tres fallos emblemáticos y sucesivos -Aranciabia Clavel, Simón y Mazzeo arrasando garantías constitucionales a las que denominó “obstáculos a sortear”, para reabrir los juicios contra las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad y civiles denunciados por las organizaciones.
Calificó los hechos como delitos de “lesa humanidad”, los declaró imprescriptibles, y anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final e
indultos.
Aniquiló el principio de la cosa juzgada, el de legalidad y de igualdad ante la ley, manteniendo impunes, en términos de la Cámara Federal que condenó a los Comandantes, a los responsables de “los criminales ataques que la sociedad y el Estado argentinos sufrieron por parte de las organizaciones terroristas”.
Fue el máximo tribunal llamado a custodiar la Constitución, quien afirmó entonces que estos imputados no pueden siquiera “invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada”.
Simultáneamente se impuso un relato mendaz y distorsionado de la historia de los ’70 que convirtió a los integrantes de los grupos guerrilleros en jóvenes que luchaban por la democracia reprimidos por sus ideas y no por sus crímenes, y cuyas víctimas se mantienen en el olvido, y se implementó un multimillonario negocio de indemnizaciones a víctimas de la represión entre los que destacan numerosos fraudes que denunciamos
infructuosamente hasta la fecha.
A partir de allí, el Estado sometió a los acusados a una discriminatoria e inhumana persecución penal, negándoles sistemáticamente los derechos fundamentales que se les reconoce a cualquier otro justiciable, sin que nadie se escandalice.
Todo el arco político fue y se mantiene cómplice por acción u omisión a la espera que el transcurso del tiempo y el consecuente fallecimiento de los ancianos procesados y presos sea la solución.
La violencia armada de los ’70 no quedó en el pasado.
Así lo atestiguan los procesos judiciales seguidos hoy contra las jerarquías más bajas de las fuerzas legales que los combatieron, primero por orden de un gobierno constitucional y luego por el de facto.
Ignorar esta realidad vergonzante porque políticamente no es redituable es tan torpe como inútil, porque la excepción se convierte pronto en regla, la autoridad en autoritarismo, la justicia en abuso de poder y la paz se disuelve en el desorden y la violencia.
*Presidente y Secretario de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
