Armas para el narcotráfico por US$ 230 millones
Armas para el narcotráfico por US$ 230 millones fueron trianguladas desde Paraguay hacia Brasil por una pareja de argentinos según una investigación de la fiscalía paraguaya de Fabiola Molas, Interpol, Policía Federal Argentina y organismos de Brasil y de Estados Unidos.
Escribe Germán de los Santos
Arrestaron a un traficante de armas argentino y a su esposa ex modelo por la venta de fusiles al peligroso PCC-Primer Comando Capital.
Diego Dirisio fue capturado en Córdoba a pedido de la justicia brasileña
Interpol detuvo ayer en Córdoba a uno de los prófugos más buscados en Brasil y Paraguay: el empresario argentino Diego Hernán Dirisio y su pareja, la exmodelo Julieta Nardi, acusados de protagonizar operaciones de tráfico de armas a gran escala, por un valor de 230 millones de dólares.
La investigación que se originó en Brasil y que tomó el nombre de Dakovo, una ciudad turca donde se adquiría parte del armamento, sospecha que las armas terminaban en grupos criminales brasileños, como Primer Comando Capital (PCC).
La historia criminal de Dirisio no se gestó en Argentina, sino en Paraguay, donde se asentó hace poco más de una década, atraído por las supuestas ventajas de ese país para la importación de autos de alta gama.
Pero poco tiempo después los vehículos de lujo quedaron al margen y el principal negocio pasaron a ser las armas, que Dirisio importaba de manera legal desde Paraguay de distintos países europeos.
A través de la empresa International Auto Supply SA, que el argentino había instalado en Asunción, Dirisio importó más de 43.000 armas de Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia a Paraguay.
Esa cantidad de pistolas y fusiles estaban destinadas en teoría al mercado interno de Paraguay, pero a los investigadores brasileños no les cerraba una cuenta: según datos oficiales de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) en ese país hay registradas solo 22 armerías.
En los papeles las operaciones que ejecutaba Dirisio y Nardi parecían legales, salvo que para lograr la autorización de esas compras pagaba millonarios sobornos a militares de que “controlan” la Dimabel, según confirmó a la nacion la fiscal paraguaya Fabiola Molas.
Y otra cosa más grave: las pistolas y fusiles –a los que les adulteraban la numeración en Ciudad del Este- terminaron en manos de los grupos criminales Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.
“El negocio no era el abastecimiento de armas al mercado legal a nivel local, sino que el destino final de las armas eran los grupos criminales brasileños”, explicó Molas a LA NACION.
Dirisio y su pareja estaban prófugos desde fines de noviembre, cuando el matrimonio desapareció de Asunción.
El empresario sabía que la policía brasileña estaba detrás sus pasos desde 2020.
Lo acusaban de haber importado de manera legal más de 230 millones de dólares en armas que terminaban con la numeración limada en manos de PCC y Comando Vermelho.
La justicia brasileña intuye que en Paraguay se filtró la información de su detención.
Tienen argumentos para sospechar por los altos niveles de corrupción que dicen haber detectado en Asunción.
Luego de huir de Paraguay. el traficante de armas se habría instalado en Córdoba, donde fue detenido -en Cerro Las Rosas- por efectivos de la Policía Federal y de Interpol.
Ahora resta saber si la Justicia Federal argentina lo someterá a un juicio de extradición a Brasil, un trámite que puede durar mucho tiempo.
La estrategia que usaba Dirisio para importar armas tenía aspecto legal. Por lo menos, contaba con la autorización de Dimabel para comprar armas de Croacia, República Checa, Eslovenia y Turquía.
Según detalló a La Nación la fiscal Molas, en los últimos tres años adquirió unas 43.000 armas por un valor de unos 240 millones de dólares. La operación se realizaba con la firma International Auto Supply SA.
El otro engranaje que había montado Dirisio era para pagar: la empresa contaba con las autorizaciones en Paraguay, pero no podía sortear los controles en el exterior.
Para el giro de los fondos uno de los alfiles era un estadounidense que vive en Kansas, que también se encuentra prófugo. Por su participación tomó relevancia en la investigación el rol de Homeland Security.
Lo que se sospecha es que esta operación comenzó a montarse después de que Estados Unidos prohibiera la exportación de armas a Paraguay en 2019.
El gobierno norteamericano tomó esta medida porque el 41% de lo que se adquiría terminaba en el mercado negro y alimentaba la violencia de las organizaciones criminales brasileñas, como PCC, que coparon Paraguay, cuya matriz narco cambió en los últimos años, convirtiéndose a través de la hidrovía Paraná-Paraguay en un centro logístico de la cocaína que se produce en Bolivia y Perú.
Las armas que llegaban a Asunción no tenían como destino las 22 armerías que están registradas en Paraguay, sino Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera. El rol de los militares paraguayos era clave en la operación, ya que la Dirección de Material Bélico era la encargada de aportar las autorizaciones para la importación de las armas, como así también los controles de que llegaran a destino, algo que no ocurría.
Dirisio tenía aparte de los contactos políticos vínculos con la plana mayor de las fuerzas armadas paraguayas. Su nexo, según la investigación, era con el general Arturo González. que utilizó influencias para nombrar al general Jorge Orué Roa en Dimabel.
La justicia brasileña tiene conversaciones y mensaje de WhatsApp entre Arturo González y Eliane Marengo Subeldía, imputada y vendedora externa de International Auto Supply SA.
