De sequías, ayudas y postergaciones

Escribe Gastón Guido*

Hace pocos días hablábamos en este espacio de la sequía y su repercusión en los bajos rendimientos del trigo y en la demora de la siembra de los granos gruesos. Algo de esto se mantiene, como los pronósticos que profundizan la baja en las estimaciones de la cosecha de trigo. Y otras cosas cambiaron levemente.

Llegaron algunas lluvias, focalizadas en un sector (el centro-sur de Córdoba y el Noroeste de Buenos Aires) de la Zona Núcleo, y algunos productores se animaron a iniciar la siembra de maíz o a retomarla, donde hubo que suspenderla. 

Y las lluvias calmaron, momentáneamente, y suspendieron sin fecha, alguna protesta. Es el caso de la que, para el 19 de noviembre, había anunciado la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA). Se trata de la más nueva de las entidades gremiales empresarias del agro, integrada por productores autoconvocados, que no integra la Mesa de Enlace. Sin dejar de reclamar por el trato del gobierno a la actividad, decidió que era mejor ponerse a trabajar para aprovechar la humedad en los suelos, que protestar un sábado de fin de semana largo, como el 19 de noviembre.

En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció -también la semana pasada- medidas de ayuda para los pequeños y medianos productores de soja y maíz, que no se beneficiaron con el “dólar soja”, en un acto en la localidad bonaerense de Las Heras. Allí asistieron los presidentes de la Mesa de Enlace. Esos dirigentes, con quienes Massa reconoció que en su gestión disentirá muchas veces y acordará otras tantas con ellos, finalmente lograron, de alguna manera, también la semana pasada, que no se aprobara el artículo del proyecto de ley de presupuesto, ya con media sanción de Diputados, que le permitía al Gobierno subir los derechos de exportación o retenciones.

Pero esto ya es historia. El pasado martes 1° de noviembre, debía comenzar a regir una resolución de 2021, del entonces Ministerio de Agricultura, por la cual se eliminaba en todo el país la comercialización de carne vacuna en medias reses y se obligaba a hacerlo en cuartos, trozando las medias reses en piezas de 32 kilos de peso máximo. La medida aducía, entre otras cuestiones, una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para evitar que los operarios “hombreen” medias reses que, muchas veces, superan los 100 kilos de peso.

La resolución, apoyada por los frigoríficos exportadores, tuvo desde siempre la resistencia de los establecimientos dedicados al consumo interno y la de los matarifes. Los primeros, porque muchos de ellos no tienen el equipamiento de equipos y de frío necesarios para el nuevo sistema. Y los segundos, porque prácticamente quedarían fuera del negocio para abastecer a las carnicerías de barrio o autoservicios, donde se vende el 75/80 por ciento de la carne vacuna que se consume en el país. El 25/30 por ciento restante de la carne vacuna que consumimos los argentinos, se vende en los supermercados, canal de comercialización que muchas veces abastecen los frigoríficos exportadores, que también operan en el mercado interno.

FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, que agrupa a frigoríficos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, había anunciado una paralización de operaciones desde el mismo 1° de noviembre, para no caer en infracción respecto de la medida que en cuestión. Y los matarifes, en la misma sintonía, expresaron su descontento.

Lo cierto es que, un día antes, el 31 de octubre, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, “atendiendo a los pedidos presentados por las provincias, respecto a la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística, decidió prorrogar, de forma extraordinaria por 75 días, la implementación de la resolución de 2/2021, referente al troceo de carnes”. Así extiende el plazo en que continuará la venta de medias reses, hasta el 15 de enero de 2023, a fin de que las provincias y los actores que componen la cadena, terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación del troceo. Una adecuación no se ha hecho en años y que difícilmente se logre en poco más de dos meses o quizás menos, si se cuentan solo los días hábiles.

También la Secretaría anunció una serie de reuniones con integrantes de la cadena cárnica, para agilizar la implementación de la medida. La primera de esas reuniones se realiza mientras grabamos este comentario. Habrá que ver qué se decide. Será bueno saber qué gobernadores presionaron para frenar la medida o qué dirigentes, que estuvieron en el acto de Las Heras, le comentaron al ministro Massa de la imposibilidad de aplicarla y de las consecuencias que ella tendría en el encarecimiento de la carne vacuna, en un momento donde los precios de la canasta básica alimentaria vuelan con una inflación desbocada.

Más allá de esas anécdotas, lo cierto es que, una vez más, una medida pactada con un solo sector de la cadena, se cae por inaplicable. Esto no quita que en el rubro de ganados y carne vacuna hay mucha actividad por lo menos “gris”, hay mucho que mejorar en bajar el “doble estándar” higiénico-sanitario e impositivo, entre quienes cumplen con todas las normativas y quienes no lo hacen. Y porque, además, hay diferentes exigencias para el mercado local y la exportación. Pero lo cierto es que, por impericia o negligencia, al menos, un objetivo en el que todos en teoría coinciden, la modernización de la venta de carne vacuna, queda congelado una vez más. ¿Tan solo por 75 días?

*Analista de la industria agroalimentaria

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