El FMI proyecta para Chile un crecimiento del PIB real de 2.2% en 2026
El FMI proyecta para Chile un crecimiento del PIB real de 2.2% en 2026 y del 2.5% en 2027, suponiendo una mejora de las condiciones externas y una consolidación fiscal gradual.
Desde el FMI se informó hoy la conclusión de su misión oficial a Chile como parte de las consultas periódicas (normalmente anuales) previstas en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en respuesta a una solicitud para obtener un préstamo, como parte de los debates sobre los programas supervisados por el personal o como parte de otras actividades de seguimiento de la evolución económica.
- El informe
Washington, D.C. – 4 de mayo de 2026:
La economía chilena se mantiene resiliente, y la credibilidad de sus sólidas instituciones de política económica es especialmente valiosa para responder a otra crisis global y particularmente importante para abordar los desafíos estructurales.
Si la guerra en Oriente Medio se prolonga, las prioridades políticas a corto plazo incluyen la disposición a endurecer la política monetaria para contener el impacto en la inflación dentro del horizonte objetivo del banco central y brindar apoyo fiscal a los grupos más vulnerables.
A mediano plazo, las prioridades políticas son fortalecer el margen fiscal e impulsar de manera sostenible el crecimiento de Chile, reflejando los objetivos centrales del gobierno en su Plan Nacional de Reconstrucción.
- La actividad económica, impulsada por la inversión y las exportaciones en 2025, se enfrenta a un período de elevada incertidumbre
Las perspectivas de crecimiento para 2026-27 se ven favorecidas por los precios y la producción de cobre más elevados, si bien el alza de los precios del petróleo y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales representan obstáculos.
- Se proyecta un crecimiento del PIB real del 2,2% en 2026 y del 2,5% en 2027, suponiendo una mejora de las condiciones externas y una consolidación fiscal gradual.
- Se prevé que la inflación supere temporalmente el objetivo en 2026 y principios de 2027 debido a los precios más altos del petróleo.
- Se proyecta que los déficits por cuenta corriente se reduzcan en 2026, impulsados por los precios más altos del cobre, antes de ampliarse hasta el 2-2,5% del PIB a medio plazo, a medida que los precios reales del cobre se acerquen a su promedio histórico.
Los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja a corto plazo y se equilibran a medio plazo. Las hostilidades prolongadas en Oriente Medio podrían mantener los precios del petróleo elevados durante más tiempo y afectar gravemente al crecimiento debido a la menor renta disponible, las interrupciones en la producción y las condiciones financieras más restrictivas.
Otros riesgos externos a la baja incluyen las tensiones comerciales y las correcciones desordenadas en las perspectivas relacionadas con las ganancias de productividad impulsadas por la IA.
Por otro lado, los precios persistentemente altos del cobre -debido a la mayor demanda estructural derivada de la transición ecológica, la infraestructura relacionada con la IA y el gasto en defensa- representan el principal riesgo al alza.
A nivel nacional, la agenda del gobierno para facilitar la inversión privada y el empleo mediante la simplificación de los trámites burocráticos, la reducción de los costes laborales y la disminución gradual del impuesto sobre la renta de las sociedades (IRS) está destinada a respaldar el crecimiento a medio plazo.
En un escenario optimista, con precios del cobre sostenidos en el rango de 5,5 a 6,0 dólares por libra y la implementación de reformas que impulsan la inversión en el marco del Plan Nacional de Reconstrucción, el personal del FMI proyecta un crecimiento de alrededor del 3% durante el período 2027-2030, con más de la mitad del impulso asociado a los precios del cobre.
Sin embargo, los drásticos recortes generalizados del gasto público, destinados a compensar la pérdida de ingresos por reducciones de impuestos, podrían limitar el margen para gastos que fomentan la productividad, como el cuidado infantil. En medio de una desigualdad persistentemente alta, el descontento social también sigue siendo un riesgo.
- Encaminar la situación fiscal hacia una senda de consolidación creíble contribuiría a garantizar la sostenibilidad fiscal, al tiempo que permitiría proteger a los más vulnerables.
El nuevo gobierno ha presentado un ambicioso plan para fortalecer la situación fiscal de Chile. Según las políticas actuales, el personal del FMI proyecta que el déficit público en 2026 alcanzará aproximadamente el 2,5% del PIB.
Los recortes de gastos identificados mediante medidas administrativas, de alrededor del 0,5% del PIB en 2026, están incorporados en su totalidad en la base de referencia del personal del FMI.
La rápida y decisiva limitación del mecanismo de estabilización del precio del petróleo, en favor de un apoyo más específico y menos costoso desde el punto de vista fiscal, subraya el compromiso del gobierno de contener la presión sobre el gasto. No obstante, la crisis del petróleo seguirá afectando las cuentas fiscales.
A medio plazo, el objetivo del gobierno de alcanzar una posición estructural relativamente equilibrada para 2030 y mantener la relación deuda/PIB por debajo del 45% es positivo.
Esto requerirá un esfuerzo fiscal acumulado de entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB, partiendo de 2025. Sin tales esfuerzos, el personal del FMI prevé que la relación deuda/PIB supere el 45% en 2028.
La estrategia fiscal a mediano plazo de las autoridades incluye recortes adicionales en el gasto administrativo (0,3% del PIB) y un paquete integral de impuestos y gasto como parte del Plan Nacional de Reconstrucción, que estiman tendrá un costo fiscal neto del 0,2% del PIB para 2030, incluyendo el impacto de las reformas en el crecimiento.
En cuanto al gasto, el plan comprende, por ejemplo, limitar el abuso de las licencias médicas en el sector público, reducir el tamaño de la plantilla pública y eliminar programas de bajo rendimiento. En cuanto a los ingresos, las principales medidas están destinadas a impulsar la inversión mediante una reducción gradual del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades del 27% al 23%, un crédito fiscal dirigido a empresas que emplean a trabajadores de bajos ingresos y la transición a un sistema tributario totalmente integrado. En general, incluso considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, se necesitarán esfuerzos adicionales de consolidación fiscal para alcanzar los objetivos de déficit y deuda.
En este contexto, el crédito fiscal previsto para el empleo y la reducción gradual del tipo impositivo del impuesto de sociedades hacia la media de la OCDE, que suponen el mayor coste fiscal, deben sopesarse frente a la necesidad de preservar el margen fiscal, mantener un gasto público productivo y hacer frente a las presiones de gasto a largo plazo y a las perturbaciones externas.
Para facilitar la gestión de esta disyuntiva, conviene considerar alternativas más específicas y menos costosas, como la deducción acelerada de gastos de capital, especialmente en el sector no minero, o la reducción de las subvenciones vinculadas a la creación de empleo.
El déficit fiscal adicional generado por la nueva ley deberá compensarse con medidas de gasto y/o ingresos proporcionales. El momento, la magnitud y el diseño de las políticas no directamente vinculadas a los objetivos de crecimiento y empleo, como las exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles, merecen una revisión para limitar la presión fiscal.
Por último, sigue siendo importante la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, si bien se deben proyectar los rendimientos de forma conservadora, teniendo en cuenta el reciente bajo rendimiento de los ingresos.
Los esfuerzos continuos y bienvenidos para lograr una mayor eficiencia en el gasto deberían integrarse idealmente en una revisión integral del mismo.
El gasto público total de Chile ha aumentado en la última década, especialmente en salud, educación y protección social, pero sigue siendo relativamente bajo en comparación con sus pares de la OCDE.
Si bien el gasto público de Chile en salud es razonablemente eficiente en relación con países similares, existe margen para obtener mayores eficiencias, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de los procesos de contratación pública.
En educación superior, el gasto público como porcentaje del PIB ahora supera al de la mayoría de los pares de la OCDE, y algunas medidas del Plan Nacional de Reconstrucción buscan las mejoras de eficiencia necesarias.
Los esfuerzos continuos para crear una ventanilla única de servicios y consolidar los programas sociales fragmentados podrían mejorar su acceso, cobertura y eficacia. La focalización de la pensión mínima garantizada (PGU) podría mejorarse para proteger mejor a los pensionistas de bajos ingresos.
El marco fiscal chileno constituye la base institucional para una política fiscal sostenible. En tiempos turbulentos, la credibilidad de las políticas es fundamental. Sin embargo, existe margen de mejora para aumentar la transparencia, el realismo y la estabilidad de la trayectoria fiscal a mediano plazo dentro del marco de las reglas fiscales duales.
Algunos aspectos que requieren ajustes técnicos son: la formulación del gasto comprometido en la trayectoria fiscal a mediano plazo, la implementación de medidas correctivas tras desviaciones de las metas fiscales, la estimación de parámetros estructurales relacionados con el PIB tendencial y los precios de referencia del cobre, y el tratamiento de las revisiones a las cuentas nacionales.
- El banco central debería estar preparado para endurecer la política monetaria si la crisis actual genera efectos inflacionarios de segunda ronda
El marco de metas de inflación de Chile ha demostrado ser eficaz a lo largo de una serie de crisis desde la pandemia. La expectativa de inflación a dos años se mantiene estable y la postura actual de política monetaria es, en general, neutral.
Si bien el alza de los precios del petróleo y la depreciación del peso impulsan temporalmente la inflación por encima de la meta en 2026 y principios de 2027, este repunte de precios no justificaría, por sí solo, un cambio en la tasa de política monetaria.
Sin embargo, si los precios del petróleo se mantienen muy por encima del nivel base durante un período prolongado y aumentan las presiones inflacionarias mediante efectos indirectos sobre los salarios y otros precios, sería necesario un ajuste más estricto de la política monetaria.
Por lo tanto, el enfoque del banco central de evaluar la evolución de la tasa de política monetaria reunión tras reunión es acertado.
- Completar el programa internacional de acumulación de reservas es esencial para la resiliencia
El programa de acumulación de reservas del banco central, bien diseñado y lanzado en agosto de 2025, ha funcionado sin contratiempos y ha incrementado las reservas en aproximadamente 4.000 millones de dólares estadounidenses para finales de abril. La finalización de este programa trienal sigue siendo una prioridad para fortalecer las reservas externas de Chile y complementar otras fuentes de liquidez en divisas.
- Las políticas del sector financiero deben seguir reforzando la resiliencia, lo que incluye una implementación bien coordinada de la reforma de las pensiones
El sistema financiero se mantiene sólido y capaz de resistir un escenario de estrés severo. Los bancos cuentan con niveles adecuados de capital, liquidez, rentabilidad y provisiones. El personal celebra la finalización de la implementación de los requisitos de capital y liquidez de Basilea III en 2025. El paso a un colchón de capital contracíclico positivo-neutral del 1,0% de los activos ponderados por riesgo, desde la tasa actual del 0,5%, debe ser gradual y tener en cuenta la evolución macrofinanciera y la capacidad de los bancos para otorgar préstamos, tal como lo prevé el banco central.
La vulnerabilidad financiera de los hogares y las empresas es baja en general y se redujo ligeramente en 2025. Sin embargo, persisten las vulnerabilidades en la construcción y el sector inmobiliario, las pequeñas empresas con préstamos garantizados por el gobierno y los hogares endeudados de bajos ingresos.
A pesar del programa de subsidios hipotecarios anterior, las nuevas medidas de apoyo a la vivienda planificadas y las tasas de interés más bajas, que facilitan la venta de viviendas y alivian la carga financiera de las empresas inmobiliarias y de construcción, los ajustes en estos sectores aún pueden demorar debido al elevado inventario de viviendas.
El Supervisor de Pensiones está abordando los riesgos relacionados con la mayor exposición de los fondos de pensiones a los swaps de tasas de interés estadounidenses, y recientemente modificó el límite regulatorio de las posiciones en derivados en función de la exposición al riesgo.
La reforma de pensiones en curso se beneficiaría de una implementación gradual y bien coordinada para evitar una reasignación abrupta de la cartera. El aumento de la tasa de cotización bajo la reforma profundizará el mercado de capitales chileno, pero la reforma también plantea desafíos de implementación, incluyendo la transición del sistema multifondo a un sistema de fondos generacionales y la introducción de nuevos mecanismos que fomenten la competencia.
El enfoque del Supervisor de Pensiones de considerar explícitamente la mitigación del impacto en el mercado en el diseño del nuevo régimen de inversión, junto con la mejora de su perfil de riesgo-rentabilidad, es bienvenido.
Se recomienda priorizar una transición fluida, aprovechando al máximo la flexibilidad de implementación que ofrece la ley de reforma de pensiones, para mitigar el efecto del anuncio abrupto y las conductas de negociación anticipatorias por parte de los participantes del mercado.
Una implementación continua de las recomendaciones del FSAP 2021 y otras medidas para fortalecer la resiliencia sigue siendo importante. Se han logrado avances considerables, incluyendo la implementación de la Ley de Resiliencia del Mercado Financiero y las enmiendas regulatorias conexas para apoyar el desarrollo del mercado de repos.
La propuesta de ampliar el acceso al Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real a las instituciones financieras no bancarias mejorará la liquidez sistémica, mientras que las propuestas regulatorias para fortalecer la gobernanza corporativa y la planificación de recuperación de los bancos mejorarán el marco de gestión de riesgos y la preparación ante crisis.
Esta presentación obligatoria de informes al Registro Consolidado de Deuda, iniciada en abril de 2026, fortalece la gestión del riesgo crediticio, la supervisión y el monitoreo del endeudamiento para la estabilidad financiera.
En el ámbito de las monedas digitales, el plan del banco central para introducir regulaciones prudenciales para las stablecoins emitidas a nivel nacional es bienvenido. Las prioridades restantes incluyen la creación de un seguro de depósitos financiado por la industria, la introducción de una nueva Ley de Resolución Bancaria y la supervisión de las compañías de seguros basada en el riesgo.
Otorgar independencia presupuestaria a la Comisión del Mercado Financiero ayudaría a garantizar recursos adecuados a medida que sus responsabilidades se han ampliado y vuelto más complejas.
- Es fundamental adoptar medidas de amplio alcance para impulsar el crecimiento, incluida la racionalización de las regulaciones, aunque es probable que los avances en materia de crecimiento sean graduales y su magnitud es incierta.
El enfoque del gobierno en impulsar el crecimiento de manera sostenible es importante no solo para aumentar los ingresos de los ciudadanos, sino también para generar margen para abordar las presiones fiscales relacionadas con el envejecimiento de la población y un mundo más propenso a las crisis.
La evidencia comparativa internacional sugiere que un crecimiento tendencial de alrededor del 2 % anual es un indicador útil para una economía del nivel de ingresos de Chile, dadas las condiciones demográficas y globales actuales. Esto no significa que Chile no deba aspirar a un crecimiento mayor. Más bien, resalta lo difícil que es aumentar el crecimiento tendencial y la importancia de mantener proyecciones de ingresos prudentes.
Se valoran positivamente los esfuerzos políticos en curso para agilizar los permisos sectoriales y las evaluaciones ambientales, mejorar la coordinación entre ministerios, brindar mayor certeza regulatoria, clarificar las normas administrativas para la implementación de la ley de la semana laboral de 40 horas y mantener un salario mínimo competitivo.
También existe la posibilidad de obtener mayores beneficios en productividad mediante una colaboración más sólida entre universidades y empresas en materia de I+D y mejoras clave en la infraestructura.
Un entorno más favorable a la inversión también contribuiría a reducir la brecha de cualificaciones al fortalecer la creación de empleo en el sector industrial, lo que aumentaría los incentivos para que los estudiantes adquieran habilidades STEM y otras competencias técnicas.
El proceso de fijación del salario mínimo se beneficiaría de una mayor participación de un organismo independiente de expertos para alinear mejor las decisiones sobre el salario mínimo con los fundamentos económicos y protegerlas de los ciclos políticos.
En el contexto del envejecimiento de la población, flexibilizar la normativa distorsionadora sobre el tamaño de las guarderías y avanzar hacia un sistema de cuidado infantil más universal podría incrementar la oferta laboral femenina y la productividad.
Esto concuerda con el Informe de la Comisión Marfan de 2023, que destaca el aumento del PIB y de los ingresos derivado de una mayor participación femenina en el mercado laboral.
Además, un análisis del FMI sugiere que, en comparación con otros países de la OCDE, las mujeres chilenas con estudios superiores tienen menos probabilidades de trabajar en empleos bien remunerados, lo que indica subempleo.
Reducir esta brecha hasta alcanzar la mediana de la OCDE podría incrementar la productividad agregada en un 3% mediante una mejor distribución del talento.
