La huella democrática

Con el atrayente título La huella democrática, más que seguir una huella a lo largo de cuatro décadas, Alejandro Garvie y Jesús Rodríguez han escrito un texto de inconfundible sabor a punto de partida.

En él, estos autores recuperan el gigantesco esfuerzo, jalonado por el entrecruzamiento de convicciones y conflictos, que transcurrió entre 1983 y 1989. 

Sin aquella disposición del talante cívico, acaso hoy no habría democracia en la Argentina.

En ese lapso, teñido de esperanzas y antagonismos, se instaló por vez primera un orden democrático inclusivo capaz de dar satisfacción a tres libertades:

• la libertad civil, ferozmente dañada por la dictadura a partir de 1976 y antes por el terrorismo recíproco de guerrilleros y agentes instalados en los sótanos del Estado;
• la libertad política, mutilada durante décadas por hegemonías, fraudes y proscripciones;
• la libertad social del estado de bienestar (Raúl Alfonsín decía que “con la democracia se come, se educa y se cura”), afectada por intereses corporativos férreamente incrustados en el campo sindical y económico.

Nuestra democracia llegaba, pues, soportando el peso de estas herencias, asumiendo –para no incurrir en una “claudicación ética”– la exigencia moral de romper con aquel pasado.

Con estos auspicios se puso en marcha “una transición de ruptura” que difería de las transiciones de negociación entre el régimen autoritario que fenecía y el régimen democrático que amanecía, cuyo ejemplo saliente lo proporcionaba la transición española a la democracia que había despuntado pocos años antes (método que adoptaron posteriormente varias naciones en nuestra región).

Entre nosotros aconteció lo contrario. De la mano de las garantías del Estado de derecho, hubo en aquel punto de partida juicio y sentencia para quienes desataron tres formas de violencia: las cúpulas de las tres armas, los dirigentes guerrilleros y, luego, una figura del primer terrorismo de Estado que se desató entre 1973 y 1976. 

¿Cómo dar cuenta de una circunstancia que restituyó en la conciencia ciudadana aquellos valores antes despreciados? 

Quienes recorran estas páginas podrán advertir una atractiva síntesis que combina análisis derivados de las ciencias sociales, la política y la economía, y la experiencia de un actor comprometido con ese proyecto democrático que marcaba el paso de un turbulento proceso histórico.

Es que, como muestran Alejandro Garvie y Jesús Rodríguez, esa instauración de la democracia padeció de entrada la embestida contra un estilo corporativo sin el cual cualquier transición –ya sea de ruptura, ya sea de negociación– corre el riesgo de frustrarse.

Como bien apuntan los autores, “la falta de acuerdos entre el sistema político en formación y el régimen saliente limitó la práctica de la cooperación entre partidos políticos y erosionó el respeto a las reglas de la soberanía popular como única fuente legítima de poder”.

Este primer nivel de la cooperación en suspenso no tardó en trasladarse a otros campos desde el momento mismo de la campaña electoral.

En rigor, no hubo “un núcleo de coincidencias básicas” debido a que la confrontación, proveniente en especial del justicialismo, puso en evidencia el choque entre dos tipos de legitimidad.

Una legitimidad de origen que, al cabo, logró prevalecer frente a rebeliones militares, y otra legitimidad de ejercicio que reivindicaba una vigencia social anclada en fuertes estructuras corporativas. 

El sindicalismo de raíz justicialista fue la vanguardia en este choque de legitimidades.

Mientras el gobierno electo con una franca mayoría sostenía la legitimidad de origen “como un pilar en el huracán”, alentando mediante el Juicio a las Juntas un “verdadero cambio cultural”, la oposición sindical no daba cuartel.

A lo largo del período presidencial de seis años, el gobierno tuvo que soportar 3.840 conflictos laborales y trece huelgas generales, la primera convocada por la CGT en 1984, a escasos meses de la jura del nuevo gobierno.

La designación de un dirigente sindical en el Ministerio de Trabajo no atemperó la intensidad del conflicto social; operaban esos actores como si el país disfrutara de los beneficios de una democracia consolidada cuando apenas transcurrían los primeros años de aquel momento fundacional.

A esta intensa confrontación se sumaron un condicionamiento institucional y el escaso apoyo que prestó el personal político del principal partido de oposición.

Si bien el Poder Ejecutivo contó con la aquiescencia de la Cámara de Diputados, nunca pudo doblegar la mayoría justicialista con el concurso de agrupaciones provinciales en el Senado.

Este control frenaría leyes de carácter reformista como, por ejemplo, la que democratizaba las organizaciones sindicales.

A ello se añadieron la propuesta del presidente Alfonsín, que fue rechazada, de integrar la Corte Suprema de Justicia con Ítalo Luder –el candidato justicialista que fue derrotado en las elecciones de octubre de 1983–; la actitud del Partido Justicialista, que no aceptó formar parte de la Conadep; los reiterados pedidos de juicio político y la negativa a ratificar el Plan Austral, el proyecto de estabilización monetaria que tuvo que desempatar el vicepresidente Víctor Martínez; sin olvidar la oposición a los proyectos de privatización parcial de algunas empresas públicas.

Tal vez sirva la recapitulación de estos obstáculos (hay más en el texto) para destacar el cuadro que ofrece, a la reconstrucción histórica, una suerte de épica para mantener firme el timón por parte de un gobierno acosado desde diversos flancos: el de la insubordinación militar, el de la impugnación sindical y, lo que no pudo ser resuelto, el flanco de una muy endeble constitución económica seriamente dañada por la inflación y por la presencia asfixiante de una deuda externa equivalente al 67 % del PBI.

Estos datos muestran el peso de los factores negativos que se alzaron ante la voluntad de recrear la democracia y llevar a buen puerto una transición atacada desde el vamos.

Es cierto que hubo circunstancias en las cuales todo el arco político sostuvo desde el balcón de la Casa Rosada, ante una multitud expectante, firmando previamente un acta de compromiso, la vigencia del régimen democrático de cara a la primera rebelión militar en la Semana Santa de 1987. 

Empero, estos gestos de fuerte carácter cívico en defensa de una legalidad en pañales no fueron suficientes para amortiguar el oleaje de tantos conflictos sucesivos.

He aquí trazado, entonces, el perfil de una transición sin respiro y la fisonomía de una voluntad dispuesta a no abandonar la misión que se había impuesto: instaurar una democracia al impulso de nuestra tradición republicana –Alfonsín invocaba el Preámbulo de la Constitución Nacional para cerrar sus discursos durante la campaña electoral–, que convergía con la filosofía universal de los derechos humanos y el respeto a rajatabla del Estado de derecho.

Tan fuerte fue esa adhesión que las leyes llamémoslas de amnistía parcial, que se dictaron para contener la insubordinación militar, no alcanzaron a quienes representaron la triple violencia que asoló a la Argentina.

Con este empeño se fue cerrando el círculo de esta transición a la democracia que culminó con la entrega de los símbolos del mando al candidato victorioso de la oposición; un acontecimiento que se remontaba a un pasado lejano. 

Para ello fue preciso llegar, en un contexto desgarrado por la hiperinflación, a la fecha simbólica, ignorada por tantas generaciones, en la que se verifica la alternancia pacífica entre partidos competitivos.

Aquel fue, pues, el punto de llegada que también relata este ensayo escrito con una perspectiva que señala aciertos y errores, munido de una prosa austera que deja de lado la memoria militante para recapitular con inteligencia, desde un ángulo novedoso, las restricciones endógenas y exógenas que gravitaron en aquella circunstancia fundacional.

Este ensayo obtuvo el Premio Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales 2024, y fue otorgado por un jurado integrado por Martín Farrell, Horacio Jaunarena y Ana María Mustapic.